Pena de Muerte para las “Cámaras”

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La Sala Constitucional ha declarado Inconstitucional que se le cobre al propietario registral, una multa que cometa alguien más con su vehículo:

“Voto 2012-15909 del 14 de noviembre de 2012. Se declara con lugar la acción. En consecuencia se anula la frase “del conductor infractor” del inciso a) del artículo 140 de la Ley de Tránsito por Vías Terrestres, Ley número 7331, de trece de abril de mil novecientos noventa y tres, reformada por la Ley número 8696, de diecisiete de diciembre de dos mil ocho. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento para que en el caso de aquellas multas que se hubiesen pagado, y cuyos actos estén firmes en sede administrativa y judicial, el Estado no está en obligación de repetir lo pagado a consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad.”

Dejando el artículo así:

“ARTÍCULO 140.- Cuando proceda el retiro de la circulación de un vehículo, este será llevado a los lugares destinados para tales efectos.

Los vehículos retirados de la circulación, así como las placas decomisadas, solo serán devueltos por el Cosevi, cuando se hayan pagado los conceptos siguientes:

a) Las multas de tránsito aplicadas en el momento del retiro del automotor y las que se encuentren pendientes de pago, según los asientos de las licencias *(del conductor infractor) y del propietario del vehículo.”

*(Anulado lo destacado entre paréntesis en el inciso anterior, mediante resolución de la Sala Constitucional N° 15909, del 14 de noviembre de 2012.)

Así las cosas, si llegaran a encender nuevamente las cámaras de vigilancia automática, se podrían cobrar únicamente las multas cometidas por el propietario. Basta con el propietario alegue que no conducía, para quitarse de encima la multa.

La sentencia es clara además en que la culpa (castigo multa) no es transferible, no es posible que se la pasen al propietario registral. Tocaría al Cosevi de alguna manera probar que el Propietario era quien conducía para poder cobrarle.

“Las Cámaras” que en Paz descansen…

Las Cámaras “Compromiso” o “Majadería”

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“Muchachos, no se pueden sumar papas con chayotes, si sumamos 4 papas y 5 chayotes el resultado será siempre 4 papas y 5 chayotes, nunca será 9 “papayotes” como algunos piensan” Decía mi profesor de matemática Carlos Muñoz (en tono desesperado), cuando nos equivocábamos sumando “x” y “y” en operaciones algebraicas.

No se puede revolver la Vigilancia Automática, con los Operativos de Tránsito Regulares (con oficiales de tránsito presentes). Esta mezcla improcedente, es una “papayote” del ministro Jiménez y Doña Laura es la única que le creyó que los “papayotes” existen, porque Don Francisco impulsa el uso de las cámaras desde el gobierno de Don Abel y nadie la había dado pelota, precisamente por la serie de trabas e ilegalidades que existen.

La Vigilancia Automática, tal y como su nombre lo dice, es un mecanismo diseñado para trabajar de forma independiente, no en conjunto con los oficiales, ya que se estaría subutilizando el equipo, por el que además van a pagar con fondos públicos mensualmente por alquilarlo.

Ya están poniendo la demarcación, en las cinco primeras escuelas en donde se iniciará un supuesto “plan piloto” de Vigilancia Automática y de acuerdo a la nota de NC Once, se está únicamente a la espera, de un criterio del Departamento Legal de Cosevi, sobre la aplicación de la misma. Sin saber del todo, si pueden o no aplicar este método, ya se inició con la demarcación. ¿Quién paga esta demarcación? ¿Si es el MOPT por qué se adelantan? ¿Si es la empresa de las cámaras qué esperan a cambio? Me imagino que los dueños de la empresa Engebras y su socia tica son un grupo de filántropos.

Y es que ya empezaron mal, en su intento de aplicar el invento del Ministro, porque están demarcando para aplicar partes personales cuando no es necesario. La Ley vigente es clara: “ARTÍCULO 84.- Para comprobar la velocidad que lleva un vehículo, las autoridades de tránsito podrán utilizar, indistintamente, el radar pistola, el radar con cámara incorporada, el cronómetro, el sistema de vigilancia automática o cualquier otro sistema que establezca la Dirección General de Policía de Tránsito. En el caso del sistema de vigilancia automática, deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 150 de esta Ley

La Policía de Tránsito no necesita demarcar para realizar un operativo de control de velocidad, en la modalidad normal (partes personales). Por otra parte, para aplicar la Vigilancia Automática, tal y como dicen las señales que están instalando, requiere que se cumpla lo establecido el el Artículo 150 (respecto a notificación, demarcación y demás requisitos, por los que los usuarios recurrieron a la Sala IV)

Si me dicen que con las cámaras van a vigilar a los niños y protegerlos de abusadores y asaltantes podría creerles (De ser así corresponde a Seguridad Pública su manejo), pero este cuento de que van a servir para hacer partes de manera eficiente, sin ser impersonales, no me lo trago. Le doy un mes y luego la Policía de Tránsito no podrá mantener oficiales de forma permanente con ellas, por lo que se convertirán en lindos y costosos adornos en los postes del alumbrado público.

¿Compromiso o Majadería la de este Gobierno en ese tema? ¿Qué opinan ustedes?

“Onus probandi incumbi actori”: La carga de la prueba incumbe al actor (Cosevi)

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Cita del Título: LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL-Dr. Mario A. Houed Vega,

Debo aclarar por un comentario de mis compañeros del Mopt, que este es un blog de opinión personal y que todo lo comparto es mi forma de ver las cosas. No creo ni pretendo que lo que escribo sea la verdad absoluta, simplemente siento la necesidad de ejercer mi derecho a expresarme libremente.

Definitivamente no podré cumplir la promesa de no postear más sobre las Cámaras y me disculpo por jetón. La culpa la tienen dos noticias, una de La Prensa Libre y otra de Radio Reloj, en donde Cosevi por medio de su Directora Ejecutiva, informa que es posible que el Propietario Registral traslade la infracción a quien conducía el vehículo cuando se cometió la infracción y que la Carga de la Prueba recae en el primero.

Corresponde a la Administración, según la Ley General de Administración Pública, Artículo 221:

“En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas”

A Cosevi como actor, le corresponde la carga de la prueba, no se la puede trasladar al Propietario Registral, quien además está protegido por el Principio de Inocencia.

Se hizo mención nuevamente a la rebaja de puntos, inaplicable sin individualizar al conductor infractor. Además mencionaron los casos en que se conduce a más de 150 Kph, casos que serán inadmisibles por no conocerse quién es el autor del delito (Principio de Culpabilidad).

Finalmente quiero compartir unos conceptos y su fuente:

Individualización del Infractor

“Debe el tribunal de mérito apreciar la prueba de acuerdo al principio de identidad al verlas cosas relacionadas en el delito (armas o herramientas), y las personas que participaron o se relacionaron con él (autor, coautor, cómplice, instigador, ofendido o testigo); por manera que debe identificarse plenamente al autor y a los partícipes del hecho criminal así como los testigos, y de igual forma las cosas.

En la sentencia condenatoria, el imputado debe estar debidamente individualizado, esto es que a través del contradictorio se debe de y establecer el grado de autoría o participación, porque de lo contrario la sentencia deviene nula” Cita

Código Procesal Penal, Artículo 369:

“Los defectos de la sentencia que justifican la casación serán:
a) Que el imputado no esté suficientemente individualizado…”

El Principio de Inocencia.

“…El principio de inocencia se encuentra implícitamente consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política de Costa Rica, al disponer en el párrafo 1º que “a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. En sentido contrario, se hace necesaria la demostración de culpabilidad para que a una persona se le imponga una pena, por lo que a ésta se le presumirá inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Es claro que otorgar el derecho de defensa en el procedimiento administrativo, constituye el medio esencial para garantizar el respeto a este derecho fundamental. Para que dichos procedimientos puedan cumplir su papel instrumental de tutela al principio de inocencia, deben estructurarse de tal forma que sirvan como un medio objetivo para llegar a un resultado verídico, aún en aquellos supuestos en que la Administración tenga el doble carácter de juez y parte[11].

Con relación a este tema, es preciso resaltar cuatro aspectos importantes: a) que la carga de la prueba no corresponde al investigado, b) que no podrá imponérsele ningún tipo de sanción anticipada, c) que debe demostrarse su culpabilidad, lo que excluye toda forma de responsabilidad presunta u objetiva, y d) que en caso de duda, por carecer de pruebas ciertas y evidentes, no es posible sancionar al administrado…” Cita

Principio de Culpabilidad

“Este principio, importado del Derecho Penal, es aplicado en el ámbito del Derecho Administrativo, con matices propios. A nivel penal, el principio de culpabilidad se entiende bajo el precepto “no hay pena si la conducta no le es reprochable al autor” y se fundamenta en la necesaria aceptación de que el hombre es un ente capaz de autodeterminarse” Cita