Alcoholimetría legal y permitida en Costa Rica

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Nuestra Ley de Tránsito vigente es clara al establecer cómo se mide el alcohol en el organismo de un conductor, a efectos de determinar si este conduce con porcentajes no permitidos y sancionables, medibles legalmente sólo en sangre y/o aliento, como veremos a continuación.

El artículo 2 de la Ley No. 9078 define alcoholimetría y alcoholemia de la siguiente manera:

3. Alcoholimetría: análisis bioquímico para determinar la presencia del alcohol en la sangre o el aire aspirado y su cantidad.

4. Alcoholemia: es el resultado de la alcoholimetría…” (resaltado nuestro en “sangre o aire espirado”)

El artículo 208 de la Ley de Tránsito No. 9078, define las reglas con las que las autoridades de tránsito deben actuar, para controlar la presencia de alcohol o drogas en el organismo de los conductores:

“ARTÍCULO 208.- Control sobre la presencia de alcohol u otras drogas

Las autoridades de tránsito, en ejercicio de sus competencias, podrán someter al procedimiento de pruebas bioanalíticas de sangre y aliento a los conductores con el fin de determinar si se encuentran o no bajo los efectos del licor o drogas ilícitas o sustancias psicoactivas no autorizadas. En el caso de las sustancias psicoactivas de uso no autorizado se realizarán pruebas de saliva o de orina. Asimismo, se admitirán otras pruebas con fluidos biológicos permitidos.

El conductor tendrá la obligación de someterse a dichas pruebas. El oficial entregará al sujeto sometido a este procedimiento la copia del comprobante de la prueba del alcohosensor o del expedido para la detección de la presencia de otras drogas.

La realización de las pruebas indiciarias y la de constatación o contraste de estas serán previamente advertidas por el funcionario. Quien incumpla lo anterior incurrirá en causal de falta grave administrativa, según los protocolos establecidos para este tipo de procedimiento.

De resultar positiva la prueba efectuada, el interesado podrá requerir al oficial de tránsito la realización de otra prueba que consista en análisis de sangre, orina u otros análogos, según la naturaleza de la prueba originalmente practicada en concordancia con los protocolos establecidos para tales efectos.

Si la última prueba confirmatoria para detectar etanol o sustancias psicoactivas no autorizadas resulta positiva, se procederá a la aplicación de la multa correspondiente o la remisión a la autoridad judicial penal competente según corresponda. Las muestras de sangre, saliva u orina y cualquier otro fluido biológico obtenido serán entregadas para su custodia a la autoridad correspondiente, preservando la cadena de custodia y de frío, para su traslado. Se aplicarán las reglas sobre el manejo de la prueba, previstas en el Código Procesal Pernal, Ley N.º 7594, de 10 de abril de 1996, y sus reformas.

Las pruebas, que constituirán prueba de descargo o confirmación, se efectuarán por personal capacitado en los laboratorios móviles debidamente acreditados por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Además, deberán cumplir todos los protocolos bioanalíticos correspondientes.”

Sobre las sanciones tenemos la de tipo administrativa, que corresponde a una multa pecuniaria establecida en el artículo 143:

“Se impondrá una multa de doscientos ochenta mil colones (¢280.000)(Hoy más de 300 mil) sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas:

a) A quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas en las siguientes condiciones de concentración de presencia de alcohol en sangre o aire espirado:

i) Superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) por cada litro de sangre y hasta cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) para cada litro de sangre, o superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) y hasta cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) en aire espirado; en ambos supuestos para cualquier tipo de conductor.

ii) Superior a cero coma veinte gramos (0,20 g) hasta cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre, o superior a cero coma diez miligramos (0,10 mg) hasta cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por cada litro de sangre en aire espirado; en ambos supuestos para conductores profesionales y para aquellos conductores con licencia de conducir emitida por primera vez dentro de un plazo menor de tres años…”

Por otra parte tenemos la sanción de tipo penal, establecida actualmente en el artículo 261bis del Código Penal:

“Artículo 254 bis.(Hoy 261 bis)- Conducción temeraria
Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes casos:

a) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas en carreras ilícitas.

b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta kilómetros por hora (150 km/h).

c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro, en ambos supuestos para cualquier tipo de conductor, o con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, si se trata de un conductor profesional o de un conductor al que se le ha expedido por primera vez la licencia de conducir en un plazo inferior a los tres años, respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol.

De lo anterior se concluye, que por definición en Costa Rica una Alcoholimetría mide el alcohol en la sangre o el aliento de un individuo, establecido así en el primer párrafo del artículo 208 de la Ley de Tránsito y enmarcado en los parámetros de sangre y aliento definidos en los artículos 143 de la Ley de Tránsito y el 261bis del Código Penal costarricense, para establecer sanciones administrativas o penales.

Faltan 80 días y 74 muertes más en carretera en el 2014

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Accidente Ruta 2

La Policía de Tránsito registra al día de hoy 265 muertes en sitio, producto de siniestros de tránsito. Promediando obtenemos 0.93 muertes por día. Si seguimos a como vamos, la tendencia indica que morirían al menos 74 personas más en sitio, durante los 80 días que restan del año 2014.

Lamentablemente, esta cifra corresponde únicamente a las muertes en sitio, sin considerar las muertes en centros médicos, que se dan horas o días después de cada siniestro.

Estadísticas de años anteriores, muestran que aproximadamente muere en hospitales una cantidad similar de personas, a la cantidad registrada en el sitio del incidente. Por la que la cifra total, se aproxima al doble de la cifra de muertes “in situ”.

Gráfico Cosevi

Para el 2013 no me ha sido posible obtener el dato de muertes totales, por lo que me toca suponer que es una cantidad aproximada al doble de las muertes en sitio, que cerró en 294.

Cuadro muertes 2010-2014

Con estas aproximaciones, podría esperarse que en los 80 días restantes del 2014, morirían 74 personas en el sitio del siniestro de tránsito y una cantidad similar en clínicas y hospitales horas o días después del incidente.

Supongo que si se anuncia un atentado terrorista en Costa Rica en los próximos dos meses, donde morirían 150 personas, mucha gente se alarmaría y tratarían de evitarlo.

Hoy sabemos que morirá mucha gente en carretera antes del 31 de diciembre del 2014, los números no mienten.

¿Qué podemos hacer hoy todos, como usuarios de las vías públicas, sin discriminar nuestro rol (conductor, peatón o ciclista), para evitar una parte importante de estos decesos?

Municipios tienen luz verde para asumir sus problemas viales

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Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito No.9078, se abre una puerta para que cada Municipalidad tome cartas en lo que se refiere a sus problemas viales locales. Con problemas viales me refiero a presas, vehículos mal estacionados, cobertura de eventos deportivos/culturales y otras necesidades, que la Policía de Tránsito no está actualmente en capacidad de atender cabalmente.

La nueva legislación autoriza a los Municipios a invertir en la implementación de una Policía de Tránsito Municipal:

“ARTÍCULO 214.- Inspectores municipales de tránsito

Sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón podrá investirse a policías municipales como inspectores de tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito para la designación de sus inspectores. Para ello, el alcalde del municipio respectivo deberá presentar la solicitud ante la Dirección General de Tránsito, órgano que deberá resolver la solicitud en el plazo de veinte días hábiles.

Los inspectores municipales de tránsito podrán confeccionar las boletas por infracciones contempladas en los artículos 96, 143, 144, 145, 146 y 147 de esta ley.

Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las disposiciones, las obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial debidamente demarcado mediante señalización vertical y definido por la Dirección General de la Policía de Tránsito, así como con la reglamentación respectiva.

Las boletas de infracción que se confeccionen fuera de dicho ámbito de competencia territorial carecerán de validez y serán anuladas de oficio por el Cosevi.

El avituallamiento de este cuerpo policial corresponderá a la municipalidad respectiva.”

Además, la nueva normativa le da una fuente de financiamiento a los Gobiernos locales, para invertir en proyectos de Seguridad Vial y propiamente en el cuerpo policial municipal de tránsito:

“ARTÍCULO 234.- Destinos específicos de las multas

De las sumas recaudadas por concepto de multas por infracciones, que señala el inciso c) del artículo 10 de la Ley N.º 6324, Ley de Administración Vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas, el Cosevi realizará, semestralmente, las siguientes transferencias de las sumas netas recaudadas una vez descontadas las comisiones que se pagan a los entes autorizados por la recaudación de las multas y sus accesorios.

(…)

d) Un cuarenta por ciento (40%) del monto de las multas que hubiesen sido confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito producto de las infracciones definidas en esta ley, será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta. Estos montos se destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal.”

Si las Municipalidades asumieran parte o la mayoría de sus problemas viales locales, la Dirección General de Tránsito podría concentrar sus recursos en las Rutas Nacionales Primarias, aumentando controles y vigilancia, en donde mas ocurren accidentes fatales. Así funciona en muchos países desarrollados.

De interés:

Reglamento para el funcionamiento de los cuerpos especiales de
Inspectores de Tránsito

¿Ustedes que opinan?