Es Aresep quien puede y debe cerrar UBER en Costa Rica

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UBER presta un servicio ilegal en Costa Rica

Para efectos de esta publicación, se parte del hecho de que UBER en Costa Rica presta un servicio público ilegal, sin autorización del CTP. Culpa del mal servicio brindado por el gremio formal, sí, pero no es el caso.

Si bien es un buen servicio, es ilegal y por esto el Gobierno está en la obligación de controlar y regular una actividad ilegal, que opera en perjuicio de un grupo formalmente acreditado. Ojo, esto nunca se ha logrado con los piratas tradicionales.

No es la DGPT

Todos los enredos de piratas le caen a la Policía de Tránsito, pero resulta que en este caso, poco o nada puede hacer este cuerpo policial al respecto. Los tráficos aplican la Ley de Tránsito y sus potestades de autoridad, son básicamente para sancionar conductores y propietarios de vehículos, no a empresas.

El usuario de UBER, hace un contrato con UBER, no con el conductor, al menos la primera vez. Esto deja al conductor como un tercero y no es quien presta realmente el servicio público remunerado. Acá se bailan al Policía de Tránsito y ningún parte hecho así va a prosperar.

Si es la Aresep

Resulta que por Ley, la Aresep es la llamada a regular los servicios públicos y tiene potestades para cerrar locales comerciales inclusive.

Adjunto algunos artículos de la Ley No. 7593:

ARTÍCULO 21.- Controles
La Autoridad Reguladora podrá ejercer controles sobre las instalaciones y los equipos dedicados al servicio público, para el cumplimiento cabal de sus obligaciones. Para este fin, contará con personal entrenado y especializado en cada uno de los servicios públicos que regule.

“ARTÍCULO 38.- Multas
La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Cobro de precios, tarifas, tasas o contribuciones distintos de los señalados por la Autoridad Reguladora.
(…)
d) Prestación no autorizada del servicio público…”

“ARTÍCULO 44.- Cierre de empresas y remoción de equipo
La Autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente, removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda de la fuerza pública.
Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público.”